Irse no basta

Joana Cotar no empieza con un nuevo reglamento, sino con un modelo de más de cincuenta años del economista Albert O. Hirschman: Loyalty, Voice, Exit. Se puede permanecer leal, protestar o marcharse.

Cotar ha recorrido ella misma las tres variantes. Se afilió a un partido, se opuso a su evolución, terminó abandonándolo y renunció con ello a un puesto seguro en la lista electoral. La salida, dice, es el punto en el que una convicción adquiere un precio: a quien solo protesta se le puede ignorar. Quien se va le retira a una organización fuerza de trabajo, dinero o legitimidad.

En una conferencia sobre emigración, trasladar esto a los Estados resulta evidente.

Sin embargo, la pregunta realmente interesante empieza después.

Quien deja Alemania abandona, en primer lugar, un territorio. Después vive en Asunción, Dubái, Zúrich o Ciudad de Panamá en lugar de Múnich, Hamburgo o Berlín. Suena trivial, pero sigue marcando buena parte de nuestra forma de pensar sobre la emigración.

Aquí termina Alemania. Allí empieza el extranjero.

Cotar describe con mucho acierto por qué esta idea funcionó históricamente. La administración era lenta, la información se quedaba en lo local, las cuentas y los registros apenas estaban conectados. El alcance de un Estado no terminaba necesariamente en su frontera porque allí practicara una autolimitación liberal. A menudo simplemente no sabía lo que ocurría al otro lado, o solo podía obtener la información con un esfuerzo considerable.

Para el ciudadano, esta limitación técnica era libertad práctica.

Es posiblemente la frase más importante de toda su conferencia.

Porque hoy una persona puede realmente vivir en Paraguay, poseer una sociedad en Estados Unidos, atender clientes en Europa y tener cuentas en varios países. Pero esa estructura internacional no significa en absoluto, de forma automática, que sus dependencias también estén diversificadas internacionalmente.

El extranjero no es un espacio sin ley. Un patrimonio geográficamente lejano no es, ni mucho menos, un patrimonio invisible.

Ambas cosas son falsas.

Cotar va un paso más allá. Según ella, un Estado no necesita controlar por completo la actividad económica internacional. Basta con controlar los cuellos de botella.

Bancos. Proveedores de servicios de pago. Bolsas. Plataformas. Proveedores de identidad. Intermediarios financieros.

El propio Estado no tiene que examinar cada transacción si puede regular a aquellos cuya infraestructura necesita el ciudadano para realizarla.

La CRD VI ofrece un ejemplo notablemente concreto. Nadie prohíbe a un ciudadano de la UE tener una cuenta en un banco fuera de Europa. Sin embargo, la nueva regulación bancaria modifica las condiciones en las que determinados bancos de terceros países pueden atender a clientes dentro de la UE.

La cuenta en el extranjero sigue siendo legal.

Solo que el banco puede decidir en algún momento que el cliente le resulta demasiado caro desde el punto de vista regulatorio.

Para ello, el Estado no necesita una barrera fronteriza.

Basta con un departamento de compliance.

En este contexto, Cotar llama a los actores privados instancias de control externalizadas. La formulación es tajante. El mecanismo subyacente no lo es.

En este punto, Cotar desarrolla un modelo que no crea ninguna categoría jurídica nueva, pero que resulta sumamente útil desde el punto de vista analítico.

La persona moderna, dice, no tiene solo una residencia.

Tiene tres.

Primero está la residencia física: ¿dónde se despierta usted por la mañana?

Luego la fiscal: ¿qué ordenamiento jurídico reclama sus ingresos, qué Estados intercambian datos sobre usted?

Por último, la residencia económica: ¿dónde están sus empresas, cuentas y clientes? ¿De qué bancos, plataformas y vías de pago depende su capacidad de actuar?

No hace falta malinterpretar estas categorías como conceptos jurídicos para reconocer cuánta verdad contienen.

Quien tiene tres ciudadanías, dos residencias y ha fundado cinco sociedades, pero tiene todo su patrimonio en el mismo banco, puede estar bastante menos diversificado de lo que sugiere su cartera personal de banderas.

Cotar lo formula de manera aún más fundamental: una estructura que solo funciona mientras autoridades, bancos y plataformas sigan siendo amables no es una estructura soberana.

Ese es el punto en el que la estructuración internacional deja de ser un álbum de cromos de pasaportes, tarjetas bancarias y escrituras de constitución.

Diversificar no significa repartir el mayor número posible de banderas en un mapamundi. Significa reconocer dependencias.

El argumento de Cotar se vuelve especialmente interesante cuando habla de la identidad digital.

Para finales de 2026, la European Digital Identity Wallet deberá estar disponible en los Estados miembros de la UE. Con ella, los ciudadanos podrán identificarse más allá de las fronteras, presentar acreditaciones y utilizar firmas electrónicas. El sistema está concebido para ser interoperable y precisamente por eso pretende simplificar mucho de lo que hoy resulta administrativamente engorroso.

Cotar no niega estas ventajas. Al contrario: precisamente porque la cartera es útil, dice, encontrará aceptación. Su preocupación es la dependencia de la trayectoria. Una vez construida y ampliamente difundida una infraestructura, las funciones adicionales se vuelven técnicamente más baratas y políticamente más fáciles de imponer.

Aquí, sin embargo, conviene hacer una precisión importante.

Según el derecho vigente de la UE, el uso de la cartera es expresamente voluntario. Quien no la utilice no puede ser perjudicado en el acceso a servicios públicos y privados, al mercado laboral ni en su libertad de empresa. El reglamento contiene además requisitos sobre el control por parte del usuario y la protección de datos.

De la existencia de una identidad digital interoperable no se deriva, por tanto, de forma automática el Estado de control digital.

Pero esta constatación no liquida el argumento de Cotar.

Porque ella no pregunta únicamente qué funciones tiene hoy un sistema. Pregunta qué infraestructura se está creando y qué decisiones futuras facilita esa infraestructura.

Es otro criterio.

Para el ciudadano transparente no hace falta un registro central. Solo hacen falta las interfaces adecuadas.

Precisamente porque la conferencia de Cotar es políticamente incisiva, merece la pena separar en un punto más la arquitectura existente de la evolución esperada.

En el caso de los proveedores de servicios de criptoactivos, la ampliación del sistema de información es una realidad desde hace tiempo. La Travel Rule europea se aplica desde el 30 de diciembre de 2024. La DAC8 se aplica desde el 1 de enero de 2026; desde entonces, los proveedores de criptoservicios pertinentes registran determinados datos de transacciones. La información del primer año de declaración, 2026, debe comunicarse o intercambiarse entre las autoridades fiscales competentes a más tardar el 30 de septiembre de 2027.

Con el euro digital la situación es distinta.

Cotar habla de él como de un desarrollo próximo y menciona 2029 como horizonte temporal. Sin embargo, a 8 de octubre de 2026 la emisión de un euro digital aún no está decidida. El BCE prepara la infraestructura técnica y prevé un proyecto piloto de doce meses para el segundo semestre de 2027. El Eurosistema quiere estar preparado para una posible primera emisión en 2029; el BCE solo decidirá al respecto tras la aprobación de la base jurídica europea.

Se puede valorar críticamente la arquitectura de un posible euro digital sin fingir que el sistema terminado ya está sobre la mesa.
La crítica en defensa de la libertad no se fortalece mezclando evolución y derecho vigente. Se fortalece cuando mantiene ambas cosas separadas.

No sorprende que Cotar acabe llegando a Bitcoin. Como antigua impulsora de «Bitcoin im Bundestag» (Bitcoin en el Parlamento alemán), no considera la red un mero objeto de especulación, sino un componente de la soberanía económica.

Su argumento es más interesante que la afirmación habitual de que Bitcoin hace a su propietario de algún modo «independiente del Estado».

Evidentemente, Bitcoin no hace tal cosa.

El derecho tributario no desaparece con una seed phrase. Las obligaciones legales no desaparecen con la autocustodia. Tampoco se esfuman los riesgos de propiedad, los riesgos de cotización o la posibilidad de coerción estatal fuera del protocolo de la red.

La propia Cotar señala parte de estos límites: quien controla sus propias claves también puede, al fin y al cabo, perderlas él mismo. La responsabilidad individual no significa solo libertad frente a un intermediario, sino también la libertad de cometer los propios errores.

La idea más poderosa llega unos minutos después.

Con lo que volvemos a Hirschman.

La voz tiene más peso cuando la salida es realmente posible.

Al final de su conferencia, Cotar vuelve a la emigración. Desde nuestro punto de vista, es precisamente esta conclusión la que resulta notable.

No se limita a recomendar buscar impuestos bajos, un permiso de residencia sencillo o un clima agradable. Quien elige un país como nuevo centro de vida debería fijarse en qué estándares internacionales sigue, qué normas ajenas adopta y con qué rapidez lo hace.

Justo aquí se separa el marketing de la emigración de una estrategia internacional sostenible.

El estado actual de un país es importante. Pero no es más que una instantánea.

Un sistema de tributación territorial puede modificarse. Una práctica bancaria liberal puede volverse más estricta por vía regulatoria. Un país políticamente estable puede cambiar de rumbo. Pueden adoptarse estándares internacionales, celebrarse acuerdos, crearse flujos de datos y modificarse la ponderación de los derechos.

Por eso no basta con juzgar un país de destino por las ventajas que ofrece hoy. También hay que preguntarse qué instituciones sostienen esas ventajas y qué tendría que ocurrir para que desaparecieran.

La conferencia de Joana Cotar no es una guía técnica de estructuración internacional, ni pretende serlo.

Su fuerza está en otra parte.

Conecta desarrollos que, vistos de forma aislada, pueden archivarse fácilmente como temas especializados: el impuesto de salida, con el asesor fiscal. La CRD VI, con el banquero. La DAC8, con el proveedor de criptoservicios. La identidad digital, con el experto en informática. El efectivo, con la ley contra el blanqueo de capitales. Bitcoin, en algún lugar entre la teoría monetaria y la tecnología.

Cada norma tiene su propia justificación, sus propios requisitos y sus propios límites.

Solo a cierta distancia se hace visible otra pregunta:

Quizá sea realmente una de las preguntas más sensatas que puede plantearse alguien que piensa en emigrar y en diversificarse internacionalmente.

No porque la independencia total sea alcanzable. No lo es. Toda persona vive dentro de ordenamientos jurídicos, utiliza infraestructuras y depende de otras personas e instituciones.

La libertad tampoco empieza cortando todos los vínculos.

Empieza sabiendo cuáles de ellos se han asumido voluntariamente, cuáles se pueden cambiar y en cuáles basta un solo tercero para limitar considerablemente la propia capacidad de actuar.

La última frase de Cotar resume esta perspectiva con notable precisión:

Irse puede ser un comienzo.

Nada más.