Emigrar por la libertad — ¿y luego a California?

Quien deja Alemania o la Unión Europea porque los impuestos le parecen demasiado altos puede comparar tablas.

Impuesto sobre la renta. Impuesto sobre el patrimonio. Impuesto de sucesiones. Impuesto sobre las plusvalías.

Eso es, comparativamente, sencillo.

La elección del lugar se vuelve más difícil para quienes se van por otro motivo: porque tienen la sensación de que el Estado interviene cada vez más profundamente en ámbitos de su vida que, en realidad, no le incumben.

Cómo hablan. Cómo calientan su vivienda. Qué conducen. Cómo construyen. Qué aprenden sus hijos en la escuela. Qué opinión es socialmente deseable. Qué declaración sigue considerándose aceptable. Qué decisión económica queda restringida por la próxima regulación.

Quien emigra por ese motivo no busca simplemente un tipo impositivo más bajo. Busca más libertad.

Y quien para ello se traslada precisamente a Estados Unidos debería evitar un error:

considerar a Estados Unidos como un único lugar.

Porque sería una forma notable de emigración abandonar Europa por la creciente regulación, la tutela política y la reeducación social — solo para descubrir en el nuevo centro de vida que podría haberse ahorrado la mudanza.

Para evitar malentendidos: la libertad no es ni de derechas ni de izquierdas y tampoco tiene color de partido. Y este artículo tampoco es un alegato a favor de un partido determinado.

El Estado autoritario no se vuelve más liberal por colgar una bandera nacional en lugar de una bandera arcoíris frente al edificio del Gobierno.

También los gobiernos conservadores pueden regular, prohibir, vigilar e inmiscuirse en la vida privada de sus ciudadanos. La derecha política históricamente no tiene, desde luego, ningún monopolio sobre la libertad — el proverbial Estado autoritario prusiano es prácticamente su símbolo.

En el otro extremo se encuentra una concepción socialista del Estado que pretende colectivizar porciones cada vez mayores de las decisiones económicas y sociales, algo que se opone diametralmente, de manera inevitable, a la pretensión de libertad individual.

La pregunta decisiva es, en el fondo, sumamente sencilla:

Por eso, desde una perspectiva liberal, esta comparación de los estados estadounidenses tampoco desemboca, con lógica, en un simple resultado izquierda-derecha.

El índice Freedom in the 50 States del Cato Institute analiza más de 230 variables políticas de libertad económica y personal. Florida ocupa, en la edición actual, el segundo puesto de la clasificación general. Nueva York vuelve a quedar en el último lugar. California también se sitúa en la parte baja. Al mismo tiempo, el índice muestra que la libertad económica y la libertad personal no van en absoluto siempre de la mano.

Texas es un buen ejemplo de ello.

Más adelante volveremos sobre eso.

Lo mismo ocurre en el plano sociopolítico.

La Primera Enmienda rige tanto en California como en Florida. Y la concepción constitucional estadounidense de la libertad de expresión difiere fundamentalmente del modelo europeo.

Quien se traslada de Alemania a California no se muda, por tanto, a una «Alemania con palmeras».

Pero dentro de ese marco constitucional común, los estados se han desarrollado en direcciones notablemente distintas.

Impuestos, regulación empresarial, derecho urbanístico, derechos de propiedad, política educativa, derecho de armas, política de drogas, licencias profesionales (occupational licensing) y numerosos otros ámbitos se deciden en gran medida a nivel estatal.

El federalismo convierte así a Estados Unidos en algo que Europa está perdiendo cada vez más:

una competencia entre distintos modelos políticos.

Y las personas pueden votar con los pies.

Pocos estados son tan adecuados para este análisis como California.

Porque pocos otros lugares cuentan con mejores condiciones de partida.

Sol. Playa. Hollywood. Silicon Valley. Capital de riesgo. Tecnología. Agricultura. Entretenimiento. Algunas de las empresas más valiosas del mundo.

Millones de personas soñaron, durante generaciones, con vivir allí.

California no era solo un estado.

Era una promesa.

Precisamente por eso resulta notable lo que ha ocurrido allí, silenciosamente, en los últimos años.

Entre 2010 y 2024, según datos del Public Policy Institute of California, casi diez millones de personas se trasladaron de California a otros estados de EE. UU. En el mismo periodo, solo algo más de siete millones de personas llegaron a California desde otros estados.

California pierde, según el PPIC, población neta a favor de otros estados de EE. UU. todos los años desde 2001.

Eso no significa que California vaya a quedar despoblada mañana.

Aunque a veces uno podría llevarse la impresión de que una parte considerable de la población de Los Ángeles sigue friendo hamburguesas allí porque Hollywood todavía no ha hecho la llamada decisiva.

Pero, bromas aparte.

Lo llamativo no es que la gente abandone California.

La gente se muda constantemente.

Lo llamativo es la duración y la dirección de esta tendencia en un estado que, geográfica, climática, económica y culturalmente, dispone de condiciones que buena parte del mundo envidiaría.

El PPIC señala, en particular, el enorme coste de la vivienda como factor importante. Solo desde 2015, California registró una pérdida neta de casi 900.000 personas que indicaron el coste de la vivienda como principal motivo de su mudanza. En encuestas, el 34 por ciento de los californianos había considerado seriamente abandonar el estado por los altos costes de vivienda.

La pregunta más interesante es, por tanto:

¿Cuánta disfunción política y regulatoria hace falta para que la gente abandone un lugar que, en realidad, le ofrece casi todo?

California ejemplifica una concepción política según la cual casi cualquier problema social parece resoluble mediante una nueva norma estatal.

Cada una de ellas, tomada individualmente, puede tener su justificación e incluso parecer razonable.

Protección medioambiental.

Protección del trabajador.

Protección del inquilino.

Protección del consumidor.

Normativa urbanística.

El problema surge de la suma.

En algún momento, un lugar ya no consiste en una sola regulación bien intencionada, sino en miles de ellas.

Y en algún momento la pregunta relevante deja de ser si una norma concreta perseguía originalmente un buen fin, para pasar a ser si ciudadanos y empresas aún disponen de suficiente margen para tomar sus propias decisiones.

California ha comenzado ya, por sí misma, a reformar parte de sus estructuras de autorización y regulación.

Quizá esa sea la confirmación más notable del problema:

cuando un Estado tiene que volver a simplificar sus propias normas, cabe al menos preguntarse si antes se había excedido con ellas.

Se puede discutir sobre la regulación de manera muy abstracta.

Pero a veces basta con mirar el surtidor.

El 24 de agosto de 2026, la gasolina regular en Texas costaba, según AAA, en promedio unos 3,62 dólares por galón. La media estadounidense se sitúa en torno a los 4,10 dólares.

California rondaba, a principios de agosto, los 5,66 dólares, situándose así a la cabeza de los estados continentales de EE. UU.

Naturalmente, esa diferencia no obedece exclusivamente a la política.

Los precios del petróleo crudo, la capacidad de refino, la logística y las condiciones de mercado regionales también influyen.

Pero California recauda, desde el 1 de julio de 2026, un impuesto estatal sobre combustibles (State Fuel Tax) de 63,4 centavos por galón, además del impuesto federal y del impuesto sobre ventas aplicable en el punto de venta. A esto se suman requisitos particulares de California sobre combustibles y medio ambiente.

Precisamente los actuales y elevados precios de la gasolina en EE. UU. hacen visibles estas diferencias: el Gobierno federal anunció incluso en agosto que flexibilizaría anticipadamente los requisitos estacionales de combustible y que suspendería temporalmente estándares más estrictos, entre otros, en California y Texas, para aumentar la oferta.

Las empresas también votan con los pies.

O, más exactamente: con su sede central.

Entre 2015 y 2024, según el Texas Comptroller, 314 empresas trasladaron su sede principal a Texas.

157 de ellas procedían de California.

Entre ellas figuran nombres destacados como Tesla, Oracle y Chevron.

El propio PPIC californiano ha analizado esta tendencia y llega a un resultado desalentador: entre 2011 y 2021, California perdió, en términos netos, unas 1.250 sedes empresariales.

La economía de California, por supuesto, no desaparece de un día para otro, pero el número de sedes empresariales que se marchan aumentó durante el periodo estudiado, y Texas figura entre los destinos dominantes de esa fuga.

La pregunta es, por tanto:

¿Por qué las empresas que abandonan uno de los lugares económicamente más potentes del mundo eligen tan a menudo Texas?

Los impuestos influyen.

La regulación influye.

Los costes influyen.

La disponibilidad de suelo y de mano de obra influye.

Y en algún momento surge de ello algo más difícil de medir:

un clima de política económica.

A la realidad de California pertenece también otro contraste.

Una enorme riqueza privada convive, de forma inmediata, con una degradación pública visible.

Los Ángeles y San Francisco se han convertido en símbolos de ello.

Los campamentos de tiendas de campaña y la indigencia a la vista forman parte del paisaje urbano en partes de estas ciudades desde hace años.

Al contemplar esta situación catastrófica, surge la pregunta:

¿Cómo pudo uno de los lugares más ricos, innovadores y económicamente pujantes de la Tierra llegar a un estado en el que la indigencia masiva se convirtiera en la imagen normal de calles enteras?

En la costa este, la ciudad de Nueva York representa otra variante del mismo conflicto:

impuestos elevados, una fuerte regulación y una marcada pretensión estatal de configuración caracterizan a la Gran Manzana desde hace tiempo.

Que la ciudad esté gobernada, desde 2026, por Zohran Mamdani —quien se define él mismo expresamente como socialista y sostiene un programa claramente acorde con ello— es, por tanto, menos causa que síntoma de una evolución política.

La pregunta es, por tanto:

si uno abandona Europa porque su evolución política le resulta ya demasiado colectivista y paternalista, ¿por qué habría de resultarle atractivo precisamente ese modelo político en su nuevo centro de vida?

Florida no resulta interesante porque allí todo sea mejor.

No lo es.

El estado lidia con primas de seguro elevadas, costes inmobiliarios crecientes, problemas de infraestructura y los riesgos particulares de una región golpeada regularmente por huracanes.

También Florida aprueba leyes cuya compatibilidad con una concepción de Estado coherentemente liberal puede discutirse con razón.

Pero la arquitectura de fondo es notablemente diferente.

Florida no cobra impuesto estatal personal sobre la renta.

Aún más interesante, sin embargo, es la combinación de libertad económica y personal.

En el índice Freedom in the 50 States, de concepción libertaria, Florida ocupa el segundo puesto de la clasificación general. El índice evalúa más de 230 variables de política estatal y local y abarca tanto libertades económicas como personales.

Eso no convierte a Florida, objetivamente, en el segundo mejor estado de Estados Unidos, pero sí en uno de los más libres.

Y las personas responden a ello con sus decisiones de ubicación.

Florida sigue siendo uno de los destinos importantes de la migración interna estadounidense y de la inmigración internacional.

También los californianos se trasladan, en términos netos, a Florida. Para 2024, el PPIC calculó un flujo neto de unas 12.645 personas de California a Florida.

Los impuestos no lo explican todo.

Pero, en particular, los californianos con ingresos altos se trasladan, según el PPIC, de forma desproporcionadamente frecuente a estados sin impuesto personal sobre la renta.

A muchos, Texas les parece, en cuanto a libertad personal, aún más interesante que Florida.

Pero ¿lo es realmente?

La respuesta sobria es no, porque Texas demuestra por qué «conservador» y «liberal» (en el sentido de libertario) no son en absoluto lo mismo.

Económicamente, Texas resulta muy atractivo.

En el índice Cato, Texas se sitúa muy arriba en libertad económica. La edición actual coloca al estado en el sexto puesto en Economic Freedom.

La ausencia de impuesto estatal personal sobre la renta, una regulación comparativamente favorable a las empresas, enormes extensiones de suelo, un gran mercado interno y una marcada cultura empresarial contribuyen a ello.

El resultado es visible.

Empresas y personas se trasladan allí.

Solo California perdió, en términos netos, más de 21.000 habitantes a favor de Texas en 2024.

Pero la libertad personal es, de nuevo, algo distinto de la mera libertad económica.

Texas interviene, en diversos ámbitos de la vida privada, más de lo que la autoimagen liberal del estado haría suponer. Ediciones anteriores del índice Cato situaban a Texas incluso en una posición muy mala en Personal Freedom; los autores señalaban, entre otros aspectos, la justicia penal y la política sobre cannabis, educación y juego.

Eso no es un detalle secundario, sino una parte esencial del cuadro general.

Un Estado puede dejar en gran medida en paz a los empresarios y, al mismo tiempo, interesarse sorprendentemente de manera intensa por la vida privada de sus ciudadanos.

Por eso Texas no es una utopía libertaria.

Florida y Texas no cobran impuesto estatal personal sobre la renta.

California, en cambio, tiene un sistema de impuesto sobre la renta progresivo. Nueva York también.

Se podría decir, simplemente:

Menos impuesto = más libertad.

No es tan sencillo.

Un Estado de derecho que funcione cuesta dinero.

La infraestructura cuesta dinero.

Los tribunales cuestan dinero.

La policía cuesta dinero.

La protección de los derechos de propiedad cuesta dinero.

La pregunta, por tanto, no es si un Estado puede exigir absolutamente nada.

La pregunta es:

¿Cuánto puede exigir — y para qué?

Y, sobre todo:

¿Quién decide después sobre el resto?

¿El ciudadano?

¿O de nuevo el Estado?

En este sentido, los impuestos son, en efecto, una cuestión de libertad.

Pues cada dólar sobre cuyo uso decide el Estado es un dólar sobre cuyo uso su propietario ya no puede decidir.

Eso, por sí solo, no convierte a un impuesto en ilegítimo.

Pero debería bastar para repartir correctamente la carga de la prueba.

La libertad significa, ante todo, dejar en paz a los demás.

En este punto, el concepto de libertad puede resultarle a algunos incómodo y molesto.

Porque la libertad personal no significa:

que el Estado debe procurar que todas las personas vivan como yo considero correcto.

Significa bastante exactamente lo contrario.

Otras personas pueden tomar decisiones que yo considero erróneas, absurdas, de mal gusto o completamente disparatadas.

Mientras con ello no vulneren los derechos de otros.

Eso vale para los proyectos de vida, la religión, la lengua, la sexualidad, la tenencia de armas, la alimentación, el cannabis, la educación, las opiniones políticas y muchas cosas más.

Una sociedad no se vuelve libre porque las personas «correctas» determinen qué está permitido.

Se vuelve libre cuando hay que determinar lo menos posible.

Esa es también la razón por la que una postura libertaria choca tanto con la cosmovisión de izquierda, supuestamente «progresista», como con el ideal conservador del «Estado fuerte».

Ambos manifiestan un sorprendente entusiasmo por el poder estatal.

Se diferencian, sobre todo, en para qué quieren emplearlo.

Quizá resida precisamente ahí el auténtico atractivo de Estados Unidos.

El sueño americano nunca prometió igualdad de resultados.

Ni siquiera prometió el éxito.

Su idea fascinante era otra:

la posibilidad de intentarlo.

Fundar una empresa.

Adquirir propiedad.

Volver a empezar.

Fracasar.

Empezar de nuevo, una vez más.

Dar forma a su vida según sus propias ideas.

Y asumir en gran medida por sí mismo las consecuencias de esas decisiones.

Se trata de una idea marcadamente libertaria.

Quizá sea precisamente eso el núcleo de lo que en su día se llamó el sueño americano:

Por eso Florida y —con las salvedades mencionadas— Texas resultan hoy tan interesantes para los emigrantes orientados a la libertad.

No porque allí no existan problemas.

No porque allí gobierne el «partido correcto».

Y, desde luego, no porque algún político haya inventado allí la libertad.

Sino porque allí siguen siendo reconocibles, comparativamente con claridad, partes de aquella idea americana:

Responsabilidad individual.

Espíritu emprendedor.

Propiedad.

Y una desconfianza fundamental hacia un Estado que cree que debe responder por sí mismo a cada cuestión social.

En primer lugar:

¿Quiero formar parte del sistema estadounidense?

Y a continuación:

¿Dónde de Estados Unidos quiero vivir?

Ahora podemos precisar la segunda pregunta.

Quien emigra únicamente por su carga fiscal puede comparar estados a partir de cifras.

Quien emigra por libertad debe mirar más a fondo.

California puede seguir siendo un buen lugar para un empresario tecnológico.

Nueva York puede seguir siendo aceptable para alguien cuyo negocio y vida social transcurren allí.

Florida puede resultarle a otra persona insoportablemente calurosa, cara o simplemente aburrida.

Y Texas puede resultarle a una persona económicamente liberal, en el plano sociopolítico, ya demasiado Estado.

La libertad significa, en definitiva, también poder decidir uno mismo qué compromisos está dispuesto a asumir.

Pero quien abandona Alemania o la Unión Europea precisamente porque la regulación, la tutela estatal y la creciente pretensión política sobre ámbitos cada vez más amplios de su vida le resultan excesivas no debería olvidar de pronto estos criterios al elegir su nuevo centro de vida.

De lo contrario, habrá cruzado la frontera del país.

Pero quizá no haya abandonado el modelo político del que en realidad quería escapar.