Liechtenstein: no para emigrar, sino para estructurar

Quien se ocupa de plazas internacionales acaba tarde o temprano topándose con Liechtenstein.

Impuestos societarios bajos, una plaza financiera altamente desarrollada, estabilidad política y uno de los derechos societarios y fundacionales más interesantes de Europa hacen que, a primera vista, el pequeño Principado parezca un enclave prácticamente ideal para empresarios y personas de patrimonio elevado.

Solo que hay un inconveniente:

No se puede simplemente trasladarse allí.

Y precisamente por eso Liechtenstein ocupa una posición especial en nuestra serie de países.

Liechtenstein pertenece al Espacio Económico Europeo.

Ahora bien, quien deduzca de ello que un ciudadano alemán o austríaco puede simplemente trasladar su residencia a Vaduz o Schaan en virtud de la libre circulación de personas europea, pasa por alto una particularidad esencial.

Debido a su especial situación geográfica y demográfica, Liechtenstein cuenta con regulaciones especiales para la inmigración.

Los permisos de residencia están sujetos a contingentes.

Esto afecta incluso a nacionales del EEE. Para los ciudadanos suizos, a su vez, rigen normas propias.

La consecuencia se puede observar cualquier día laborable:

Cada mañana, personas cruzan la frontera desde Suiza o desde el Vorarlberg hacia Liechtenstein, trabajan allí en bancos, empresas industriales, despachos o sus propias sociedades — y por la tarde regresan de vuelta.

El modelo del trabajador transfronterizo no es un arreglo provisional, sino parte integral de la realidad económica del Principado.

De ahí surge una situación inusual:

Se puede trabajar en Liechtenstein.

Se puede fundar o poseer allí una empresa.

Se puede estructurar allí patrimonio.

Pero de ello no se deriva ningún derecho a residir también allí.

Para una planificación de estructuras internacional, un país no tiene por qué ser necesariamente el propio centro de vida.

Precisamente aquí comienza el verdadero significado de Liechtenstein.

El Principado dispone de formas jurídicas que en parte van mucho más allá de lo habitual en Alemania, Austria o Suiza.

Tres de ellas son especialmente relevantes para nuestro análisis:

la sociedad anónima,

la Anstalt

y la fundación.

Pueden mantener activos similares y asumir en parte funciones parecidas.

Jurídicamente, sin embargo, responden a conceptos muy distintos.

Y son precisamente estas diferencias las que deciden qué instrumento resulta adecuado para qué propósito.

De las tres construcciones, la sociedad anónima liechtensteiniana es probablemente aquella cuyo principio básico resulta más familiar a los empresarios.

Es una persona jurídica.

Su capital se divide en acciones.

Los accionistas poseen participaciones en la sociedad, mientras que, en principio, es el patrimonio social el que responde de las obligaciones de esta.

Conforme al derecho de personas y sociedades, el capital mínimo legal asciende a 50.000 francos suizos o al importe correspondiente en euros o dólares estadounidenses.

La AG puede perseguir fines económicos y no económicos, y resulta especialmente adecuada para empresas operativas, holdings y estructuras de participación.

Su verdadera particularidad radica, por eso, menos en la forma jurídica en sí misma.

Lo interesante es más bien el entorno en el que se emplea:

una plaza financiera consolidada,

un derecho societario de orientación internacional,

la integración de Liechtenstein en el EEE

y un impuesto sobre beneficios regular para personas jurídicas del 12,5 por ciento en principio.

Ahora bien, quien se fije exclusivamente en este tipo impositivo, también aquí solo contempla una parte del panorama.

Porque en las estructuras internacionales, la tributación de la sociedad nunca decide por sí sola cómo se trata fiscalmente el conjunto de la estructura.

Mucho menos conocida es la Anstalt liechtensteiniana.

El nombre, de entrada, incluso desorienta al lector de habla alemana.

No tiene nada que ver con una Anstalt de derecho público en el sentido alemán o austríaco.

La Anstalt liechtensteiniana es una persona jurídica autónoma.

Y posee una particularidad que la hace inusualmente flexible en el plano internacional:

puede combinar — en función de su configuración concreta — elementos similares a los de una sociedad de capital y elementos similares a los de una fundación.

En una Anstalt clásica pueden existir derechos de fundador. Su titular dispone de las facultades correspondientes fijadas en los estatutos.

Junto a ello son posibles construcciones en las que se designan beneficiarios o cuya configuración se asemeja más a una fundación.

Una Anstalt puede perseguir fines tanto económicos como no económicos.

Puede, por ejemplo, mantener participaciones, administrar patrimonio o — con la configuración adecuada — desarrollar actividad empresarial.

El capital mínimo asciende, en principio, a 30.000 francos suizos o al importe correspondiente en euros o dólares estadounidenses.

Si el capital de la Anstalt está dividido en participaciones, el capital mínimo asciende a 50.000.

Precisamente esta flexibilidad explica por qué la Anstalt resulta a veces difícil de clasificar fuera de Liechtenstein.

Y en ello reside, al mismo tiempo, su ventaja y su riesgo.

Porque para una estructura internacional no basta con preguntar cómo trata Liechtenstein a la Anstalt.

Al menos igual de importante es la pregunta:

¿Cómo califica esta construcción el Estado en el que el fundador, el titular o los beneficiarios son fiscalmente residentes?

La fundación liechtensteiniana responde, a su vez, a otro concepto distinto.

No es una sociedad con socios o accionistas.

El fundador destina patrimonio a un fin determinado.

Ese patrimonio se independiza jurídicamente y queda en manos de la fundación como persona jurídica autónoma.

El capital mínimo asciende a 30.000 francos suizos o al importe correspondiente en euros o dólares estadounidenses.

De las obligaciones de la fundación responde, en principio, el propio patrimonio fundacional.

La diferencia conceptual frente a la sociedad anónima es fundamental:

Un accionista posee acciones de su AG.

Un fundador, en cambio, no posee acciones de su fundación.

El patrimonio fue destinado a la fundación.

Con ello, la fundación abre posibilidades de configuración para las que una sociedad de capital normal a menudo no es el instrumento adecuado.

Puede aglutinar patrimonio familiar a largo plazo.

Puede definir beneficiarios y círculos de beneficiarios.

Puede institucionalizar regímenes de sucesión.

Y puede evitar que una estructura patrimonial construida a lo largo de décadas tenga que repartirse necesariamente de nuevo en cada cambio generacional.

Precisamente por eso las fundaciones desempeñan un papel importante, sobre todo en grandes patrimonios familiares y en la planificación sucesoria a largo plazo.

En relación con las fundaciones surge rápidamente el término de moda «asset protection».

Eso no es, en principio, erróneo.

Solo que se malinterpreta con frecuencia.

Quien desvincula patrimonio de su propiedad personal a tiempo y de manera jurídicamente eficaz, trasladándolo a una estructura de largo plazo, modifica su adscripción jurídica.

De ahí pueden derivarse efectos considerables sobre la sucesión, la gobernanza y la continuidad patrimonial.

Pero de ahí no se sigue en absoluto:

Fundar hoy una fundación y que mañana los acreedores, los legitimarios u otros reclamantes queden sin capacidad de actuar.

En estructuras transfronterizas pueden resultar relevantes las acciones de impugnación, la protección de acreedores, el derecho de legítima, el derecho sucesorio y las normas fiscales de varios Estados.

Las configuraciones se vuelven especialmente problemáticas cuando el patrimonio se transmite después de que las pretensiones ya hayan surgido o sean concretamente previsibles.

A Liechtenstein sigue asociándose hoy una imagen que procede de otra época.

Cuentas numeradas.

Fundaciones anónimas.

Patrimonios de cuya existencia nadie fuera de Vaduz sabe nada.

Ese Liechtenstein ya no existe.

El Principado participa en el intercambio automático de información internacional y aplica los estándares pertinentes de la OCDE.

En las estructuras correspondientes, dependiendo de la clasificación y del caso concreto, puede resultar relevante la información sobre los titulares reales o las personas de control.

En una fundación, esto puede incluir, por ejemplo, al fundador, a los miembros del consejo de la fundación, a los protectores o a los beneficiarios.

Eso no significa que toda la información de una estructura patrimonial liechtensteiniana privada esté disponible públicamente en internet.

Existe una diferencia considerable entre publicidad y acceso por parte de las autoridades.

Pero precisamente por eso es necesario distinguir con claridad entre dos conceptos:

privacidad

y ocultación frente a las autoridades fiscales.

Esta distinción se aprecia especialmente bien en el caso de las fundaciones de utilidad privada.

Una fundación liechtensteiniana típica de utilidad privada no tiene por qué inscribirse siempre públicamente en el registro mercantil como una sociedad de capital normal.

En su lugar, y bajo los requisitos legales, puede procederse a un depósito ante la Oficina de Justicia.

Esto puede permitir un grado considerable de discreción en materia societaria.

De ello no cabe deducir, sin embargo, que la fundación exista al margen de las obligaciones regulatorias o fiscales de transparencia.

La publicidad registral, la determinación del titular real y el intercambio internacional de información fiscal son planos distintos.

Quien los confunde llega necesariamente a conclusiones erróneas.

En algún momento de toda conversación sobre Liechtenstein aparece una cifra:

1.800 francos suizos.

Pertenece a la estructura patrimonial privada, abreviada PVS.

Y también aquí merece la pena un análisis más detenido.

Conforme a la ley tributaria, las personas jurídicas están sujetas en Liechtenstein, en principio, a un impuesto sobre beneficios del 12,5 por ciento y a un impuesto mínimo sobre beneficios legal.

Sin embargo, determinadas personas jurídicas pueden calificar, bajo los requisitos legales, como estructura patrimonial privada.

Una PVS de este tipo no está sujeta a la tributación regular sobre beneficios, sino, en principio, únicamente al impuesto mínimo sobre beneficios de 1.800 francos suizos.

Suena espectacular.

Los requisitos lo son igualmente.

Una PVS precisamente no puede desarrollar actividad económica a discreción.

Su finalidad consiste esencialmente en la adquisición, la posesión, la administración y la enajenación de determinados activos para fines patrimoniales privados.

Entre ellos pueden figurar, en particular, instrumentos financieros, participaciones, medios líquidos y saldos bancarios.

En el caso de las participaciones existen límites adicionales en cuanto al control efectivo y la influencia sobre la gestión de la sociedad participada.

Con ello fracasa una de las fórmulas rápidas más populares:

«Meto mi empresa operativa en una sociedad liechtensteiniana y allí solo pago 1.800 francos».

Así no funciona la PVS.

Otra distinción conceptual resulta importante.

La PVS no es una cuarta forma societaria junto a la AG, la Anstalt y la fundación.

Describe una calificación fiscal.

Bajo los requisitos legales, una persona jurídica adecuada puede obtener el estatus correspondiente.

Por eso el análisis debe realizarse en el orden correcto:

Primero se plantea la pregunta de qué forma jurídica resulta adecuada para el fin económico y jurídico perseguido.

Solo después se plantea la pregunta de cómo se trata fiscalmente esa estructura concreta y si cumple los requisitos de una PVS.

Quien invierte el orden y erige una estructura únicamente porque en algún sitio figura la cifra de 1.800 francos, empieza su planificación por el extremo equivocado.

Tomemos una fundación liechtensteiniana que, como PVS, solo abona el impuesto mínimo sobre beneficios.

¿Está con ello libre de impuestos el patrimonio del fundador o de los beneficiarios?

No.

La tributación liechtensteiniana solo responde, en un primer momento, a una única pregunta:

¿Cómo trata Liechtenstein a la estructura liechtensteiniana?

Para una planificación internacional se suman otras cuestiones.

¿Dónde vive el fundador?

¿Dónde viven los beneficiarios?

¿A quién se imputan el patrimonio y los rendimientos conforme al derecho tributario de esos Estados?

¿Cómo se tratan las distribuciones?

¿Se generan consecuencias en materia de impuesto sobre donaciones o sucesiones?

¿Cómo califica siquiera el respectivo Estado de residencia la forma jurídica liechtensteiniana?

Una construcción puede ser plenamente conforme a la normativa y fiscalmente atractiva en Liechtenstein y, aun así, desencadenar consecuencias fiscales considerables para el fundador o el beneficiario.

Liechtenstein dispone hoy de una red considerablemente ampliada de convenios para evitar la doble imposición y acuerdos fiscales internacionales.

Con ello, la plaza financiera actual se distingue radicalmente de su imagen histórica de caso especial europeo aislado.

Sin embargo, un convenio para evitar la doble imposición no sustituye la planificación de estructuras.

Antes debe aclararse qué persona o sociedad tiene siquiera derecho a acogerse al convenio, dónde existe residencia fiscal, cómo se califican determinados rendimientos y qué normas nacionales adicionales de imputación o antiabuso resultan aplicables.

El convenio es, por eso, una pieza más.

No un salvoconducto.

Los tres instrumentos pueden reducirse a su idea básica:

La tabla no es, deliberadamente, una clasificación.

Ninguna de estas formas jurídicas es en principio «mejor» que las demás.

Responden a preguntas distintas.

Esta es quizás la conclusión más importante para toda planificación de estructuras internacional.

Una fundación no tiene sentido por el mero hecho de que alguien posea mucho patrimonio.

Una Anstalt no tiene sentido por el mero hecho de sonar más exótica que una GmbH.

Y una AG liechtensteiniana no es automáticamente mejor que una sociedad en otro Estado solo porque Liechtenstein aplique un 12,5 por ciento de impuesto sobre beneficios.

Por eso, al principio nunca debería figurar la pregunta:

«¿Cómo consigo una fundación en Liechtenstein?»

Sino:

¿Qué se pretende lograr en realidad?

¿Debe dirigirse una empresa operativa?

¿Se trata de la sucesión?

¿De la continuidad patrimonial a largo plazo?

¿De la gobernanza dentro de una familia?

¿De la separación de distintos ámbitos patrimoniales?

¿De inversiones de capital privadas?

Solo una vez respondida esta pregunta puede valorarse si la AG, la Anstalt, la fundación — o Liechtenstein en general — puede ser la respuesta adecuada.

Con ello, nuestro análisis de Liechtenstein concluye en un punto distinto al de la mayoría de los países de nuestra serie sobre plazas.

No podemos decir con la conciencia tranquila:

Trasládese a Liechtenstein.

Para la abrumadora mayoría de nuestros lectores, esta posibilidad prácticamente no está disponible.

Eso, sin embargo, no hace al Principado menos relevante.

Al contrario.

Liechtenstein demuestra de forma ejemplar que la planificación internacional no implica necesariamente buscar constantemente nuevas residencias.

El centro de vida personal puede situarse en un Estado.

Una empresa operativa, en otro.

Las participaciones, a su vez, pueden estar estructuradas de otro modo.

Y el patrimonio familiar a largo plazo puede seguir un orden jurídico propio.

Lo decisivo no es combinar el mayor número posible de países.

Lo decisivo es encontrar, para cada función, el marco jurídico adecuado.

El Principado no vende un camino sencillo hacia una nueva residencia fiscal.

Ofrece otra cosa:

un derecho societario y fundacional extraordinariamente desarrollado para personas que ya saben dónde viven — y que ahora deben decidir cómo estructurar sus empresas, participaciones y patrimonio.